El juez dice que la infanta participó en las maniobras de
Aizoon para repartir beneficios a espaldas de Hacienda. infolibre.es
Y la cita el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. El
juez Castro es un cachondo.
Muertita de miedo que está la princesita, vamos hombre, ¿a
quién quieren engañar?
Que disuelvan la corona y entreguen las armas….
¡Qué gran manera de empezar la semana laboral! En un rato
brindamos aunque sea con el café.
Esto parece ya más un formato tipo "Salvame",
donde se juega con el "¿lo hará...? ¿No lo hará...?" Es claramente
otro vacile para dar relleno a periódicos. Que no nos engañen... ya sabemos lo
que hay con este tema. Lo único bueno es que aunque es intocable (todo el mundo
sabe esto), por lo menos pone en evidencia lo golfos que son, y eso es algo que
la gente tiene en cuenta. Seguirán forrados de pasta, pero pierden en
popularidad (que se la suda, por cierto).
La imputación se da por segura. Ojalá el juez Castro no ceda
ante las durísimas presiones a las que está siendo sometido. Gallardón, deja de
utilizar la Fiscalía como tu cortijo!..
Si la sociedad estaba a su nombre, la sede estaba en su
casa, y pagaba gastos personales con la tarjeta de la empresa. ¿Qué más hace
falta para demostrar que sabía todo y formaba parte de la trama? Y aún en el
caso de que no supiera nada es su problema. Hasta donde yo sé si una persona
firma documentos de una empresa es responsable de las actividades de la misma,
y si no sabe lo que se hace en esa empresa es su problema.
Un país donde los procesos por corrupción duran más que una
legislatura es un chiringuito. Basta ya de esta pantomima.
Estar imputada sirve para poder mentir en el interrogatorio.
El verdadero daño sería citarla de testigo con las pruebas en la mano.
La infanta está imputada... ¿Quién la desimputará?
Doctrina Botín
En una imputación por delitos contra la Hacienda Pública, el
perjudicado es el Estado que, en un proceso judicial, está representado por la
Abogacía del Estado. En defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público también actúa el ministerio público, la fiscalía.
La imputación de la Infanta que acaba de decidir el juez
José Castro está respaldada, de momento, únicamente por una acusación popular,
la del pseudo sindicato Manos Limpias. Ni la Abogacía del Estado ni la fiscalía
apoyan la acusación. Al ser estos los perjudicados directos por el supuesto
delito cometido, y en el caso de que pidan el archivo de la causa en lo que
concierne a la esposa de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina podría librarse
de sentarse en el banquillo con la aplicación de la doctrina Botín.
La doctrina Botín fue dictada por el Tribunal Supremo en
diciembre de 2007, cuando el pleno de la Sala de lo Penal, por nueve votos a
cinco, decidió avalar la decisión de la Audiencia Nacional y limitar así la
acción de las acusaciones populares, a las que no se considera legitimadas para
pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados
solicitan el sobreseimiento de la causa. “No puede abrirse juicio oral solo a
instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el
Ministerio Fiscal, bien el acusador particular”, señaló la Audiencia Nacional
en su auto.
La sentencia del caso Botín se fundamentó en el artículo
782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que si el Ministerio
Fiscal y el acusador particular piden el archivo así debe acordarlo el juez,
mientras que no señala nada de la acusación popular. Fuente:
politica.elpais.com/politica/2014/01/07/actualidad/1389082412_587701.h.
Con esta comedia se demuestra que la democracia en España es
un mito apañado. Nadie merece ser votado, unos por su actuación y otros por sus
silencios.
Felices reyes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario